El código ético del PSOE obliga a Sánchez a dimitir si indulta a los separatistas


Pedro Sánchez.

La carta que el Partido Socialista obliga a firmar a todos sus cargos públicos prohíbe expresamente “proponer o apoyar” indultos a condenados por la “comisión de delitos muy graves”

El código ético del PSOE obliga al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dimitir si apoya el indulto de los líderes del golpe separatista en Cataluña encarcelados. Así consta en el artículo 8.1 de este código, que prohíbe no ya conceder sino “proponer o apoyar” indultos a condenadospor la “comisión de hechos constitutivos de delitos graves”. Los cargos que se imputan a los políticos catalanes que encabezaron la revuelta del 1-O son de los más graves que contempla el Código Penal.

La reforma de los Estatutos que aprobó el PSOE tras la victoria de Sánchez en las primarias estipula que el incumplimiento del código ético puede resultar en “la expulsiónen aplicación del régimen disciplinario”. El código es obligatorio para los cargos públicos elegidos en las candidaturas del PSOE y los cargos públicos designados a propuesta de cargos electos del PSOE.

Es decir, el código ético hace incompatible el ejercicio de la presidencia con los indultos. La situación que se crearía si Sánchez mantiene esa puerta abierta es inédita. El partido tendría que plantearse si retira este compromiso. En caso contrario se expone a que cualquier militante pida la expulsión de su secretario general.

Rivera presiona en el Congreso

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no ha logrado arrancar a Sánchez el compromiso de no indultar a los presos del procés. Rivera ha acusado al jefe del Ejecutivo en la sesión de control en el Congreso de negociar “indultos” e “impunidad” en la cárcel. Y ha recordado que tanto el líder del PSC, Miquel Iceta, como la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, han defendido públicamente los indultos para los procesados. Sánchez ha esquivado la pregunta de Rivera por dos veces.

El presidente del Gobierno se arriesga a incumplir el código ético. Iceta y Cunillera están al límite, si bien es cierto que ni Oriol Junqueras, ni el resto de líderes separatistas están formalmente condenados. El juicio oralcomenzará previsiblemente a principios del año que viene.

La Fiscalía presentará este viernes sus escritos de acusación contra los políticos catalanes. Se espera que les imputen rebelión, que contempla penas de hasta 25 años de cárcel. Y también la malversación de caudales públicos por la organización del referéndum, entre otros cargos.

Albert Rivera.

Albert Rivera. EFE

La expectativa de indultos sobrevuela la operación diálogo del Gobierno socialista con el independentismo. Pero todos estos delitos, incluso si no hay condena por rebelión, ponen a Sánchez y al PSOE en un aprieto. La malversación es parte de los delitos considerados como corrupción política. En el caso de los políticos catalanes, una propuesta de indulto desbordaría el código al tratarse de delitos de corrupción y hechos especialmente graves.

“Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves”, dice literalmente el artículo 8.1 de este documento.

Código ético en Enredadera

El PSOE esgrimió el código ético el pasado verano para suspender de militancia a algunos cargos del partido detenidos en la operación enredadera, que investiga una trama presuntamente irregular en la contratación de sistemas de control de tráfico en decenas de municipios de toda España. “Cumpliremos nuestro código ético”, dijo Sánchez a preguntas de los periodistas tras el arresto de algunos de ellos.

El código ético es muy detallado en los compromisos con respecto a la imputación de un cargo público en un proceso judicial. La apertura de juicio oral es el punto en el que el PSOE exige la dimisión. En el caso de los indultos y otras obligaciones económicas o éticas, las consecuencias de su incumplimiento son más imprecisas. Los Estatutos del partido dicen como norma general que el militante se expone a ser sancionado y en última instancia expulsado si así lo deciden los órganos competentes.

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