Sánchez fuerza a la Abogacía del Estado a no acusar por el delito de rebelión a los responsables del ‘procés’


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La Abogacía del Estado descarta el delito de rebelión para los líderes del ‘procés’. ATLAS

El Gobierno ha forzado a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los procesados del 1-O. La decisión del Ministerio de Justiciaque dirige Dolores Delgado ha sido acusar por el delito de sedición, que aunque conlleva penas elevadas son siempre inferiores a las de la rebelión.

La decisión supone que en el juicio del 1-O la Abogacía sostendrá que nunca llegó a haber episodios de violencia suficientes como para acusar por rebelión. Coincidirá así con una de las líneas clave sostenidas por los abogados de Oriol Junqueras y el resto de procesados. En los últimos días el Gobierno había puesto en duda públicamente que pudiera acusar por rebelión.

El propio Código Penal describe la sedición como una variante leve de la rebelión: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

El escrito de acusación que este viernes presentará la Abogacía contempla la comisión de los delitos de sedición y malversación para los principales procesados. Las penas por sedición van de los 10 a los 15 años para quienes, estando constituidos como autoridad, “hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores”. En cuanto a la malversación, dado que las cifras manejadas en la instrucción rebasan holgadamente la cifra clave de 250.000 euros, el mínimo de prisión serían seis años y el máximo, 12.

Pese a ello, las penas finales reclamadas podrían quedar por debajo de lo que sumarían ambos delitos, que serían de 16 años. Así sucedería al interpretar que la malversación fue un medio para cometer el otro delito más grave. Eso implica calcular las penas de forma diferente y más beneficiosa para los acusados, bajando mínimos y máximos. El mínimo teórico para ambos delitos ya no sería 16 años, sino de 10.

A lo largo de la fase de instrucción, la Abogacía del Estado había respaldado siempre la tesis del Ministerio Público de que sí se habían producido episodios de violencia como para justificar la acusación más grave. El pasado 6 de agosto la Abogacía pidió al Tribunal Supremo que diera por concluida la investigación y llevase el caso a juicio por los delitos concretos de rebelión, malversación y desobediencia.

Ese cambio de orientación ha generado tensiones entre la Abogacía y el Ministerio de Justicia. Es éste, en última instancia, quien tiene la última palabra sobre cuál debe ser la acusación. La Abogacía actúa como representante de la Administración en los tribunales y no cuenta con la autonomía de la que disfruta la Fiscalía.

Las formaciones independentistas han venido reclamando al Gobierno que fuerce la retirada de las acusaciones contra sus dirigentes. La Fiscalía se ha mantenido en sus posiciones pese al cambio de fiscal general. Donde finalmente sí se ha variado el rumbo es en la Abogacía. Una opción finalmente descartada y que hubiera chocado menos con la Fiscalía, habría sido limitar la acusación a los delitos económicos, tarea habitual de la Abogacía. Así sucedió, por ejemplo, en el caso Gürtel.

Fuentes del Departamento que dirige Delgado resaltan que la decisión final en este asunto no ha provenido exclusivamente de Justicia, sino que en ella ha participado también La Moncloa. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta, Carmen Calvo, han sostenido en los últimos días que no se cumplían los requisitos para acusar por rebelión.

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