El disparate


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En el enredo del pliego de acusaciones a los caudillos del procés, casi todo el mundo miente. Lo hace el Gobierno cuando niega haber ordenado a la abogacía del Estado que se olvidara del tipo penal de la rebelión, que como acredita el escrito del ministerio fiscal es el más caro de todos, y lo hacen los acusados y sus corifeos cuando afirman estar ingratamente sorprendidos. Ambas mentiras pertenecen al género de la fabulación política, aunque las consecuencias de la primera son mucho más graves que las de la segunda.

Al dar la orden a los juristas a su cargo de calificar la gravedad de los hechos con menos severidad de la que ellos querían, Sánchez comete tres despropósitos de libro. El primero —y menos importante— es el de dejarse a sí mismo a los pies de los caballos. Fue él mismo quien refutó la opinión de los jueces belgas y alemanes de Schleswig-Holstein en declaraciones públicas. «A mí no me ha gustado lo que ha hecho el poder judicial en Bélgica —dijo— y creo que esos responsables políticos deberían ser extraditados a España porque han cometido, clarísimamente, un delito de rebelión». A partir de ahora, aquellos mismos jueces señalados por él pueden invocar el criterio de la abogacía del Estado para hacerse fuertes en su doctrina.

Esa es la segunda consecuencia —la más grave de todas— de su desafuero. Ya no son solo algunos jueces centroeuropeos quienes esgrimen las atrabiliarias disquisiciones jurídicas que menoscaban el crédito del Tribunal Supremo. Los abogados del Estado también las suscriben. Y, al hacerlo, dejan de ser atrabiliarias y centroeuropeas para convertirse en sensatas y autóctonas. De no ser así, ¿cabe pensar que el Gobierno pudiera apadrinarlas? Quienes acusan al Supremo de ser una herramienta al servicio de la política, y no de la justicia, tiene munición suficiente para seguir en sus trece durante una larga temporada. Atentos a las declaraciones de los independentistas: es seguro que se pondrán las botas.

Y, sin embargo, ningún acto contribuye más a la politización de la justicia que el que ha perpetrado el presidente del Gobierno. Esa es la tercera consecuencia de su funesto mandado. Todo el mundo sabe quela abogacía del Estado era partidaria de incluir el delito de rebelión en su pliego acusatorio. Lo dejó muy claro durante sus actuaciones previas en la fase inicial del procedimiento. Ahora sabemos, por lo tanto, que en su escrito no ha prevalecido el criterio profesional que dictaba su ciencia jurídica, sino el criterio político que le impone la obediencia debida. Si eso no es politizar la justicia, que venga Dios y lo vea.

El triple disparate gubernamental admite muchos adjetivos. En el carcaj de los denigratorios hay cientos que le sentarían como anillo al dedo. Pero hay uno —creo— que sobrepuja a los demás: innecesario. Es innecesario lo que no sirve para nada. Este es el caso. Se supone que esta bajada de pantalones era un gesto de buena voluntad que debía contribuir a que los independentistas siguieran formando parte de la mayoría que alumbró la moción de censura. Ya hemos visto que no es así. ¿Alguien creía en serio que la solicitud de 12 años de cárcel para Junqueras —por mucho que sea la mitad de lo que pide la fiscalía— permitiría que ERC y PDeCAT apoyaran los presupuestos?

Basta repasar el saludo que unos y otros le han brindado a la petición de la abogacía para llegar a la conclusión de que Sánchez, le guste o no, tendrá que prorrogar las cuentas de Rajoy si quiere agotar la legislatura. Por mucha impostura que haya en la dureza de las declaraciones suscritas por Torra tras la reunión extraordinaria del Govern, pincho de tortilla y caña a que la alianza de los separatistas con el PSOE salta por los aires. Me temo que a Sánchez le ha pasado lo mismo que le pasó a Chamberlain cuando creyó que era posible la política de apaciguamiento con Hitler. Se le ofreció elegir entre la deshonra y la guerra, eligió la deshonra y no pudo evitar la guerra. Que las urnas nos protejan.

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