La Audiencia retoma este lunes el juicio a 38 acusados de traficar con cocaína, marihuana y metanfetaminas en Mallorca


Resultado de imagen de audiencia judicialLa Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará desde este lunes a 38 acusados por blanqueo de capitales y tráfico de cocaína, marihuana y metanfetaminas en Mallorca, hechos por los que la Fiscalía pide penas que suman en total 358 años y nueve meses de cárcel.

El juicio, inicialmente previsto para el pasado junio, se retoma ahora tras resolver una cuestión previa acerca de la competencia del tribunal.

La mayoría de los acusados se enfrentan a penas de nueve años de prisión, si bien la condena más elevada es la solicitada para el que la Fiscalía describe como uno de los principales cabecillas de la organización, 17 años. Gran parte de los acusados proceden de Cuba y República Dominicana y algunos tienen antecedentes.

La Fiscalía sostiene en su escrito que los acusados ejercían una “actividad constante, estructurada y previamente concertada” de tráfico de drogas en Mallorca, donde contaban “con una infraestructura de medios personales y materiales” con de una red de vendedores al por menor.

Para almacenar la droga utilizaban domicilios y empresas. Para dificultar la acción policial, los cabecillas alquilaban pisos aprovechando que uno de los imputados en la trama, que trabajaba como conserje en un edificio, les informaba de los inmuebles que se encontraban vacíos.

Según la Fiscalía, uno de los dirigentes se mudó a Barcelona porque temía estar siendo investigado por la Policía. En la capital catalana, se puso en contacto con otros dos narcotraficantes -que posteriormente fueron detenidos por los Mossos d’Escuadra- para comprar cocaína que después enviaba a Mallorca mediante mensajeros.

Además, para garantizar la protección de los beneficios obtenidos con la venta de las drogas los acusados los introdujeron en el tráfico ordinario adquiriendo 900 participaciones de una empresa y enviando frecuentemente efectivo a República Dominicana y Colombia.

Por estos hechos, la Fiscalía también pide imponer multas que suman más de 80 millones de euros.

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